Estuve leyendo el artículo sobre lo que se le llama el escándalo Milei, y se me quedaron varias cosas dando vueltas. La idea de fondo es que lo que está pasando en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) –con audios que señalan presuntos sobornos en compras de medicamentos, vinculaciones con personas cercanas al poder, y la sospecha de que el Presidente estaba al tanto– no es algo aislado, según lo que plantea la nota.
Lo que más me quedó resonando es cómo ese caso pone en evidencia un problema estructural: cuando un gobierno promueve el Estado mínimo, reduce los controles, flexibiliza las compras, y pone gente de confianza en áreas que deberían ser muy reguladas, se crean espacios para que pase lo que parece estar pasando ahora: decisiones opacas, favorecimientos, y amiguismos.
También me pareció importante lo que comentan sobre cómo la opinión pública ya está reaccionando: Milei pierde imagen, se diluye algo de la confianza, y la corrupción se convierte en una preocupación que supera en importancia a temas como inflación o inseguridad para mucha gente. Esto puede tener consecuencias electorales reales.
Al final la conclusión que saco es que este escándalo no debería verse únicamente como una crisis política momentánea, sino como una llamada de atención: si el modelo se basa en un mercado que actúa casi sin barreras, sin supervisión adecuada, entonces lo público termina siendo terreno fértil para los abusos. Si no se recupera capacidad del Estado, reglas claras, transparencia y verificaciones independientes, todo lo que se recorta en nombre de la eficiencia puede costar muchísimo, sobre todo para quienes dependen de servicios esenciales como salud y discapacidad.
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